Raul Montenegro indicó: “hay un impacto acumulado de los incendios, año tras año. Por eso deben sumarse los impactos de lo quemado en 2020 y 2021, unas 500.000 hectáreas, a lo incendiado en 2022, mas de 10.000 hectáreas". 

En la denuncia penal de 2020 que efectuaron el Dr. Raúl Montenegro y el Abogado Juan Smith contra del Gobernador Juan Schiaretti en 2020, ambos expresaban:

"En la provincia de Córdoba han seguido actuando poderosos factores de destrucción ambiental en forma continuada, uno de los cuales es temible por su rapidez, extensión y capacidad destructiva: los fuegos.” 

En el marco de esa denuncia, Montenegro y Smith se presentaron el pasado 9 de septiembre de 2022 ante las Autoridades del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba para exigir premura en la resolución del Recurso de Casación presentado para ser reconocidos como Querellantes Particulares en la mencionada acción penal.
Ambos coincidieron en señalar que “se hace necesario este reconocimiento, pues sin lugar a dudas podemos ampliar esa denuncia con los acontecimientos que están actualmente ocurriendo en la Provincia de Córdoba en este año 2022”

El Dr. Raúl Montenegro y el Abogado Juan Smith se entrevistaron con la Secretaria de la Sala Penal del TSJ provincial, Dra. María Pueyrredón, solicitándole la urgente resolución del recurso para que pueda continuarse con la investigación penal que venía llevándose adelante. Cabe consignar que se llegó a la instancia de Casación pues el Juez Gustavo Hidalgo rechazó la solicitud de querellantes. 

Juan Smith indicó que “la situación actual en la Provincia es de tal gravedad que resulta imperioso valorar las responsabilidades penales de los funcionarios involucrados”.

Raúl Montenegro por su parte indicó que “del posicionamiento que han ido mostrando públicamente el gobernador Juan Schiaretti y los funcionarios vinculados al manejo del fuego en la provincia pareciera que los incendios son un fenómeno que empieza y termina en el año en que ocurren. Repiten entonces enfermizamente como causas la gran sequía, los vientos, la multiplicidad de incendios provocados, y una serie de variables que –indudablemente- contribuyen a aumentar la gravedad de los fuegos, pero olvidan la más importante. No asumen que la gravedad de lo que ocurre hoy con los ambientes quemados es la suma de los efectos negativos, acumulados, que ya provocaron los fuegos de años anteriores, y de la crónica falta de prevención. Sumado, claro, a los daños por desmonte y la destrucción de la biodiversidad nativa por el uso insensato de plaguicidas a gran escala". 

El Dr. Raúl Montenegro agregó que “por la suma de los incendios ocurridos en todos los años, y los desmontes realizados en ese mismo tiempo, más la destrucción de la biodiversidad por aplicación masiva de plaguicidas, la provincia de Córdoba tiene hoy la peor situación ambiental de toda su historia, y muestra –también hoy- la mayor vulnerabilidad socio ambiental de todos los tiempos”. 

“Nunca antes ocurrió esto. Lamentablemente gracias a impericias gubernamentales e intereses corporativos privados tenemos una debilidad extrema ante el cambio climático global, y a las tormentas convencionales que en la zona centro del país se encuentran entre las más fuertes del mundo”.

DEBERIA DECLARARSE LA EMERGENCIA 
POR DESASTRE.

Raúl Montenegro y Juan Smith coincidieron en plantear que el gobierno de la provincia, “además de requerir el uso en tiempo y forma de los recursos humanos y materiales para incendios graves, nivel de intervención II y III de la ley nacional 26815, debería declarar la ‘emergencia por desastre’, prevista en la ley nacional 26817, que creó el sistema nacional para la gestión integral del riesgo y la protección civil, SINAGIR”.

Este último plexo normativo fue reglamentado a través del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional que lleva el número 383/2017 y Promulgado el 30 de mayo de 2017, y publicado en el Boletín Oficial el 31 de mayo de 2017.
Dicho decreto consta de un Anexo I cuyo artículo 14 establece: “El proceso de declaración de emergencia por desastre será iniciado a solicitud de la jurisdicción afectada. Es requisito necesario que la jurisdicción afectada haya declarado el estado de emergencia por desastre de conformidad con sus respectivas legislaciones”.

“Desconocemos si el gobierno de la provincia de Córdoba declaró el estado de emergencia por desastre ante los incendios de este año, algo que parece lógico y necesario, en especial al tener en cuenta todo lo que ya se quemó, desmontó y destruyó en años anteriores”, subrayó Montenegro.

“Lo que sí podemos afirmar es que el propio gobierno aumentó aún más la dramática crisis ambiental de la provincia con obras faraónicas y sin licencia social como las autovías de Punilla y Paravachasca, que destrozan ambientes nativos, y abren lugares antes resguardados, para que en lugar de bosque nativo se multipliquen negocios inmobiliarios”.